Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó en la noche del lunes una ley que declara al país centroafricano como “seguro” para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas irregularmente.
El primer ministro Rishi Sunak dijo que la iniciativa es un “cambio fundamental” en el enfoque global sobre la migración, pues “disuadirá a personas vulnerables” de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones.
La oposición, activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han criticado el plan, por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio.
El llamado «plan Ruanda» prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
De ser aprobadas las peticiones, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo tres décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por organizaciones internacionales.
A quienes se les rechacen sus solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro «tercer país seguro». Sin embargo, bajo ningún concepto ninguno de los deportados podrá volver a Reino Unido.
La iniciativa, inspirada en un plan puesto en marcha en Australia años antes, fue anunciada en 2022 por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson.
Y aunque los gobiernos británico y ruandés firmaron a mediados de 2022 un acuerdo, por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes, el mismo no se ha puesto en marcha.
Una serie de dictámenes de la justicia europea y una posterior batalla legal dentro de Reino Unido que terminó en la Corte Suprema han frenado el plan.
Precisamente para impedir nuevos fallos judiciales que frenen el envío de los extranjeros ilegales, a finales del 2023 el gobierno de Sunak presentó ante Parlamento una ley que blinda el acuerdo con Ruanda, al declarar que ese país es “seguro” para recibir a los deportados y en la cual le cierra las puertas a los jueces británicos para bloquear los traslados de inmigrantes.
Pese a la dura oposición interna y externa, las autoridades británicas daban por hecho que su iniciativa recibirá el visto bueno del Parlamento. Así no sólo han comenzado los preparativos para iniciar las deportaciones a más tardar en julio próximo, sino que empezaron a buscar otros países con los cuales replicar el plan.
El diario londinense The Times publicó una información en la que aseguraba que Reino Unido había propuesto a los gobiernos de Botswana, Costa de Marfil, Costa Rica y Armenia firmar pactos similares al que ya tiene con Ruanda.
Esta información fue corroborada por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, quien descartó la posibilidad de que su país acepte acoger solicitantes de asilo.
“Informamos a Reino Unido que Costa Rica no recibirá inmigrantes extranjeros”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Un portavoz de la embajada de Armenia en Reino Unido también negó que estuviera planeando firmar un acuerdo similar con Ruanda.
