El 13 de junio de 2022, un familiar del abogado González Rivas lo encontró sin signos vitales en su domicilio, ubicado en la colonia La Granja. De manera preliminar, se reportaron huellas de violencia y lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
Tras el hallazgo, el familiar llamó a los servicios de emergencia. Al arribar, elementos de la policía municipal corroboraron los hechos y solicitaron apoyo médico, que confirmó el deceso. Personal de Servicios Periciales inició las investigaciones en la escena del crimen.
Días después, Karla Estefanía “Fanny” Flores Díaz, madre soltera de una menor con discapacidad auditiva, fue detenida en un Oxxo por policías que argumentaron que portaba un arma de fuego y una ganzúa. Sin embargo, durante el juicio se demostró que esa acusación era falsa.
Tras su arresto, la fiscalía solicitó una orden de aprehensión sin audiencia previa, lo que, según su defensa, constituyó una violación a sus derechos. Posteriormente, su habitación de hotel fue cateada sin autorización legal, y en una maleta, bajo resguardo del hotel, se encontraron pertenencias del abogado fallecido.
Según la defensa, durante su detención, Fanny
fue víctima de tortura física y psicológica. Fue mantenida incomunicada, golpeada y sometida a tratos inhumanos, lo que ha generado indignación entre sus familiares y abogados.
De acuerdo con los abogados Francisco Dávalos Merino y Omar Peña Reyes, la investigación estuvo plagada de irregularidades:
•No se investigaron otras líneas de investigación ni a otras personas presentes en la escena del crimen.
•Se ignoraron pruebas que indicaban que Carla Estefanía ya no estaba en el domicilio al momento del homicidio.
•No se tomaron en cuenta registros de videovigilancia ni testimonios que podrían haber probado su inocencia.
•La sentencia se basó en pruebas circunstanciales y en la relación de amistad entre Carla y la víctima.
Además, la fiscalía argumentó que el móvil del crimen fue un robo, pero la defensa presentó pruebas de que los bienes presuntamente sustraídos nunca desaparecieron y que el dinero en cuestión estaba en una cuenta bancaria.
Inicialmente, Fanny fue sentenciada a 25 años, 7 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, tras una apelación, la pena se incrementó a más de 35 años al considerar que actuó con premeditación y ventaja.
Actualmente, su defensa ha interpuesto un amparo directo, argumentando las múltiples violaciones al debido proceso. De ser concedido, este recurso podría derivar en su liberación, en la reposición del proceso o en una nueva revisión del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad del sistema judicial y las deficiencias en la investigación de delitos en México. La defensa de Fanny sostiene que fue juzgada con un sesgo de género y que las autoridades se enfocaron exclusivamente en ella, sin explorar otras posibilidades.
Mientras se espera la resolución del amparo, la familia de Fanny continúa luchando por su libertad, denunciando lo que consideran una grave injusticia y un proceso viciado desde el inicio.
