Desarrollar y construir vivienda para las familias de bajos ingresos representa un reto para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). Los precios de los terrenos, la construcción de servicios y todo lo que implica construirlas se convierte en un desafío cuando se trata de mantener los precios y apoyar a este sector de la sociedad.
A propósito de eso, se presentó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019. Como Cámara hacemos un llamado a las autoridades federales y legisladores a reconsiderar la eliminación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, y con ello evitar la eliminación de recursos específicos para apoyar a familias de bajos ingresos en la compra de una vivienda.
Lo hacemos de esta manera porque esta medida no sólo perjudicará a la población que menos gana (aproximadamente un 70 por ciento de la población mexicana) al imposibilitar la adquisición de una vivienda, sino que podría traer riesgos a nuestro sector, lo que impactaría considerablemente en la economía. Reconocemos que el subsidio es un mecanismo fundamental para que las familias de menores ingresos puedan comprar una casa.
Es por eso que los desarrolladores de vivienda de este país, responsables de la construcción del 85 por ciento de la vivienda social dirigida a los mexicanos que ganan entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales, nos manifestamos con profunda preocupación porque el presupuesto propuesto para el otorgamiento de subsidios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 es inexistente, al haber eliminado el Programa de Financiamiento para Soluciones Habitacionales, lo que propiciará una profunda crisis habitacional y laboral entre los mexicanos más necesitados, tanto de vivienda como de trabajo.
La vivienda social depende del apoyo del gobierno federal y sin esta inversión semilla, el 70 por ciento de los mexicanos que forman parte de la economía formal y contribuyen con sus impuestos en la activación de la economía de México, verán cancelado su derecho constitucional a una vivienda digna y accesible en el 2019.
Por otro lado, contar con recursos que permitan desplazar las viviendas, detendría el dinamismo en el sector, uno de los más importantes en el desarrollo del país. Es por ello que consideramos sumamente arriesgado restringir la inversión en un sector que se caracteriza por fomentar proyectos de inversión integrales y apoyar la política social.
Finalmente, hacemos un llamado a los Legisladores Federales para que reconsideren la asignación suficiente de recursos con la intención de dar salida a las viviendas en proceso y con solicitudes de compra por parte de los derechohabientes.
Esto permitirá evitar una crisis del sector que representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que genera más de 3 millones de empleos y que impacta a 37 de las 42 industrias, así como a los bancos que fondean nuestros proyectos y a millones de trabajadores que perderían su empleo al dedicarse a la edificación de las viviendas, pero sobre todo, permitiría atender y proteger a las familias mexicanas más necesitadas.
