En comparación con 2017, en el año 2018 en Querétaro disminuyó 7.5% la incidencia delictiva (tasa de delitos por cada 100 mil habitantes), revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2019, que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
También la Encuesta señala que el estado de Querétaro ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en donde la población percibe de menor manera los niveles de inseguridad pública.
Cabe mencionar que la función de seguridad se ejercerá en todo el territorio del Estado por las autoridades y órganos que establece la Ley de seguridad recientemente aprobada en nuestra entidad en diversos ámbitos de competencia por conducto del mismo gobernador, secretario de gobierno y la secretaría de seguridad ciudadana asi como de la fiscalía en coordinación con las distintas corporaciones policiales y de las autoridades encargadas de determinar la comisión de infracciones administrativas y aplicar las sanciones correspondientes.
Los resultados que ahora se comentan a nivel nacional son resultado del trabajo integral y coordinado entre las instituciones de seguridad del Estado y de los municipios, en el ámbito de su competencia para cumplir con las obligaciones previstas en la Constitución y en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de las diversas disposiciones aplicables en materia de seguridad.
En Querétaro la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes llegó a 32 mil 756 delitos, lo que equivale una reducción del 7.5% frente a lo que se registró en el año 2017 cuando se alcanzó una tasa de 35 mil 395 casos.
En las disposiciones generales de lay para la seguridad en el estado de Querétaro, se establece que las contenidas en la Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Querétaro y, por lo tanto tienen por objeto cumplir con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, la Constitución Política del estado, las leyes locales que, en materia de Seguridad, que corresponden al estado; asimismo, regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad de Querétaro para cumplir con este ordenamiento que se ha convertido en uno de los principales postulados en el gobierno de Pancho Domínguez quien ha señalado que “la seguridad es una función entre la Federación, el Estado y los municipios; así como de los sectores público, privado, social y académico, que deberá ejercerse en sus respectivos ámbitos de competencia y actuación, con la finalidad de: Salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas así como preservar el orden público y la paz social”.
Mientras que en el país la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2018 fue de 37 mil 807, lo que equivale a una reducción del 4.0% frente a lo registrado en el 2017 periodo que se alcanzó una tasa de 39 mil 369.
Dentro del contexto nacional y en estos momentos por lo que atraviesa nuestro país debemos entender que la seguridad comprende: La prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de políticas públicas acerca de las causas y factores de riesgo que las originan; tiene que ver también con la participación ciudadana que contribuya a mejorar las políticas públicas en materia de seguridad en el Estado; no se puede dejar al margen la investigación y persecución de los delitos, mediante el uso de técnicas e investigación científica, objetiva y con respeto a los Derechos Humanos; entre otras de las acciones básicas.
Pero por si eso no fuera poco, también, el tema de la seguridad tiene que ver con el desarrollo y aplicación de tecnología para fortalecer las capacidades y mejorar los servicios de atención de las instituciones al servicio de la ciudadanía y la sanción de las infracciones administrativas que forman parte del esquema del nuevo derecho administrativo en materia de seguridad y justicia en el estado de Querétaro.
En nuestra entidad se ha puesto de relevancia la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa; así como los conflictos que implican la justicia cotidiana en el ámbito social y comunitario; se han implementado estrategias dentro del servicio Profesional de Carrera que define los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y conclusión.
Pero también la operación policial que privilegiará la coordinación, el uso de tecnologías de la información y el respeto a los Derechos Humanos que son fundamentales para tener un estado de paz.
