Si el reclamo de las empresas chinas por 600 millones de dólares por la cancelación de la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro prospera, la siguiente Administración federal tendría que pagar este dinero.
Lo anterior, si en este mes o en lo que va del año se pasó de una intención a un inicio de arbitraje de inversión, proceso que tarda en promedio dos años en resolverse definitivamente, tiempo tras el cual se sabría si el Gobierno mexicano deberá reembolsar la cantidad mencionada equivalente a 11 mil 370 millones de pesos, comentó Carlos Véjar, vicepresidente del Comité de Inversión de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) México.
«Y las consecuencias de estos reclamos, cuando el Gobierno no gana el caso, es que se le obliga a pagar al inversionista por los daños que haya sufrido su inversión, en este caso, todo lo que hayan gastado los chinos, habrá que ver si realmente era una inversión», dijo.
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