México es orgullosamente, un país soberano e independiente. Es respetuoso de los principios de no intervención, de la libre autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de controversias, de la proscripción de las amenazas o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo y de la lucha por la paz y la seguridad internacionales, plasmados en la Constitución, en los principios ratificados en la carta de la ONU de 1945, y en la carta de la OEA en 1948.
Claro, como siempre, eso es lo que dice el derecho internacional y otra cosa es lo que sucede en la vida real. Exactamente como ocurre en los países, los estados y en los municipios. Quien tiene el poder es quien decide qué y cómo se hacen las cosas, desoyendo y violando los derechos de los más desprotegidos.
En el caso que nos ocupa, los exabruptos, agresiones y amenazas de Donal Trump, obedecen según él, a que México es una fuente de problemas para el gobierno de los Estados Unidos, pues a pesar de su cercanía, no es su mayor socio comercial ni su aliado natural, además de negarse a frenar el tráfico de drogas, principalmente fentanilo a su país ni colaborar lo suficiente para detener el flujo migratorio ilegal de México y otros países, principalmente a los Estados Unidos.
Sus amenazas consisten en imponer aranceles de un 25% a los productos que exporta México hacia los Estados Unidos, la deportación masiva de los más de 5.1 millones mexicanos indocumentados y declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, implicando según las leyes de Estados Unidos, la intervención más abierta de su ejército en nuestro país.
Pero ¿cuánta razón y autoridad tiene el gobierno estadunidense en sus reclamos, autocalificándose como el país más solidario, democrático y promotor de la paz en el mundo, para acusar, amenazar e intervenir militarmente, a sangre y fuego en otros países del mundo? Ninguna.
Para empezar, su presidente Donald Trump habría sido condenado por intentar anular ilegalmente, difundiendo mentiras sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales que perdió en 2020 ante Joe Biden, si no hubiera sido reelegido, según expresó hace cuatro días, el fiscal especial Jack Smith, en un informe divulgado parcialmente.
Es, además, el primer presidente o ex presidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal al ser declarado culpable de 34 delitos, luego de ser juzgado por un pago que realizó a una mujer para que no revelara los detalles de sus relaciones sentimentales.
Y su país, según datos del Centro Nacional de Estadísticas sobre el Abuso de Droga, a partir de 2021, 32 millones de personas, el 11.7% de la población consumían drogas: 2.9 milllones de personas en Estados Unidos consumen marihuana, 2.9 millones analgésicos recetados, 2.2 millones anfetaminas, 2.1 estimulantes recetados, 957 mil personas consumen heroína, 638 mil cocaína, etcétera, y 70.3 millones de personas de 12 años o más usaron drogas ilegales durante 2022, y cerca de 200 mil pesonas mueren al año, principalmente por consumo de fentanilo.
¿Por qué si al gobierno de Donald Trump le preocupa la propagación de las drogas en su país, en lugar de acusar y amenazar a los países en desarrollo, no ejecuta políticas de contención del uso de estas drogas entre la población estadounidense, y de pasada trabaja a favor de las clases más desprotegidas de su país? Según datos obtenidos por BBC News, a pesar de ser el país más rico del mundo, tiene algunos de los peores índices de pobreza entre las naciones desarrolladas.
40 millones de de estadounidenses viven bajo la línea oficial de pobreza. No son, pues, ni Trump, ni los Estados Unidos los culpables del desastre mundial que estamos viviendo con el decadente imperialismo, y el actual gobierno mexicano de la 4T no debe “doblarse” como es su costumbre, ante tales amenazas. La soberanía no se negocia…
