Hacer de las UPES instituciones sostenibles en el largo plazo requiere de orden administrativo, disciplina financiera y voluntad política. •
Un estudio elaborado por Integralia contiene diagnóstico de la problemática y recomendaciones de solución. Puede ser descargado en www.integralia.com.mx. El crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, el desorden en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos —por no mencionar la discrecionalidad de su asignación y gasto—, hacen que las finanzas de las UPES estén colapsadas.
La dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años, además de discrecional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades. Para resolverlo es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las UPES a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones (en algunas hasta 90 días de aguinaldo y 32 días de prima vacacional), así como reformar el esquema de pensiones (la edad de jubilación oscila entre 53 y 65 años).
El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Ante el entorno económico adverso que enfrenta el país, el presidente ha declarado que “el gobierno se apretará el cinturón”, lo que podría agravar la crisis financiera que enfrentan las UPES. No obstante, López Obrador ha asegurado que no faltarán recursos para la operación de las universidades. Recomendaciones para atender la problemática que enfrentan las UPES son, por ejemplo:
• Establecer reglas claras para la asignación de recursos públicos para las UPES, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos.
• Fomentar la mayor recaudación de ingresos propios en las UPES. BOLETÍN DE PRENSA 11 de agosto de 2019
• Definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados hasta alcanzar el objetivo de 50%-50%. Empezar por condicionar las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios.
• Limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios. Establecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios de las UPES.
• Rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones, proponiendo un esquema uniforme en las UPES que evite duplicidades. Aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones; eliminar las pensiones dinámicas.
• Limitar la creación de nuevas UPES en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.
