*Piden evitar designaciones “fast track” en Fiscalía Anticorrupción.
La bancada de Morena en el Congreso de Querétaro cerró filas este martes en torno a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, al considerar que la medida evitará que los intereses electorales de 2027 contaminen uno de los procesos más delicados de la reforma judicial.
En conferencia de prensa, los diputados locales Arturo Maximiliano García Pérez, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, Homero Barrera McDonald y Ulises Gómez de la Rosa sostuvieron que el cambio de fecha fortalece la legitimidad de la reforma y permite separar la disputa partidista de la renovación judicial.
“El riesgo era convertir la elección de jueces en una extensión de la pelea electoral”, advirtió Homero Barrera, quien recordó que desde 2024 Morena había planteado que la elección judicial no coincidiera con las campañas estatales.
El legislador aseguró que la propuesta impulsada desde Palacio Nacional confirma que la llamada Cuarta Transformación en Querétaro leyó correctamente el escenario político y tomó previsiones en la reforma judicial local para armonizarse con los cambios federales.
Con la modificación, la elección judicial federal y estatal se realizaría el 4 de junio de 2028. En el caso de Querétaro, estarían en juego 13 magistraturas y alrededor de 80 juzgados locales.
Morena sostuvo además que la nueva propuesta federal incorpora filtros y mecanismos que responden a una de las principales críticas de la oposición: evitar perfiles improvisados o sin experiencia dentro del Poder Judicial.
Entre las medidas destacadas están la creación de una comisión coordinadora de evaluación, exámenes de conocimiento, homologación de criterios y reducción del número de candidaturas en boleta.
“Se acabó el argumento de que cualquier persona iba a llegar al Poder Judicial sin preparación”, sostuvo Barrera.
Por su parte, Arturo Maximiliano García afirmó que la reforma aprobada en Querétaro ya contemplaba posibles ajustes nacionales, por lo que ahora corresponderá armonizar artículos transitorios para empatar la legislación estatal con la reforma federal que discutirá el Congreso de la Unión en periodo extraordinario.
Además, Arturo Maximiliano García dejó claro que la reforma judicial local también previó un escenario políticamente sensible: las vacantes que puedan generarse antes de la elección judicial de 2028 por jubilaciones, renuncias o conclusión de periodos constitucionales de magistrados.
El coordinador de Morena explicó que, mientras llega la elección popular de jueces y magistrados, será la propia Legislatura la que tendrá la responsabilidad de cubrir las ausencias definitivas mediante votación calificada del Congreso.
“Lo que hicimos fue dejar una ruta institucional clara para evitar vacíos o crisis dentro del Poder Judicial. Cuando existan ausencias temporales está la figura de los supernumerarios, pero cuando se trate de vacantes definitivas, el Congreso tendrá que hacer los nombramientos correspondientes”, explicó.
Con ello, Morena defendió que la reforma aprobada en Querétaro no fue improvisada y sí contempló mecanismos de transición mientras se concreta la elección extraordinaria de 2028.
Durante su intervención, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, afirmó que los cambios impulsados desde la Federación, confirman que el trabajo realizado en Querétaro iba en la misma ruta de transformación judicial que ahora se impulsa a nivel nacional.
Piedragil Ortiz destacó además que la propuesta local fue construida con asesoría técnica de la consejera jurídica Estela Damián y reiteró que no tuvo relación con la iniciativa del Ejecutivo estatal.
Finalmente, el legislador sostuvo que la construcción del nuevo modelo judicial en Querétaro deberá hacerse escuchando a especialistas, abogados y al propio Poder Judicial, aunque dejó claro que el proceso de transformación ya no tiene marcha atrás.
“Estamos construyendo un nuevo andamiaje institucional y no vamos a permitir que se desvirtúe por intereses políticos o electorales”, señaló.
Otro de los temas que comenzó a perfilarse fue la próxima designación de la persona que encabezará la Fiscalía Anticorrupción del estado, ante la conclusión del periodo constitucional del actual titular, Benjamín Vargas.
Arturo Maximiliano advirtió que Morena buscará impedir cualquier intento de imposición o acuerdo político discreto en una designación ya que tendrá efectos durante los próximos nueve años.
“El riesgo es que quieran resolverlo en fast track o con acuerdos de escritorio. Nosotros creemos que debe haber comparecencias abiertas, revisión profunda de perfiles y total transparencia”, sostuvo.
El legislador recordó que la Constitución establece que el gobernador deberá enviar una terna al Congreso y que la Legislatura tendrá 30 días para aprobar o rechazar la propuesta; de lo contrario, el Ejecutivo estatal asumiría directamente la designación.
Por ello, Morena insistirá en que el proceso pase por Comisiones Unidas y se convierta en un ejercicio público de evaluación política, jurídica y técnica de quienes aspiren al cargo.
“No se trata solamente de cumplir requisitos legales; estamos hablando de una Fiscalía que debe tener total autonomía y total imparcialidad, sin sesgos partidistas, lo que requerirá un escrutinio profundo por parte de los legisladores”, afirmó Arturo Maximiliano.
El coordinador parlamentario subrayó que Morena buscará que las comparecencias sean abiertas a la ciudadanía, medios de comunicación y diputados, para garantizar transparencia en la designación.
Añadió que los perfiles deberán cumplir con los mismos requisitos que establece la ley para ocupar la Fiscalía General del Estado, especialmente en temas de experiencia en procuración de justicia y trayectoria destacada en derecho penal. Asimismo, adelantó que la Mesa Directiva del Congreso podría recibir en breve la terna enviada por el gobernador para iniciar formalmente el proceso legislativo.
En preguntas y respuestas de reporteros, el diputado Ulises Gómez de la Rosa se deslindó de las protestas registradas en la carretera 57, a la altura de Santa Rosa Jáuregui y aseguró que las personas manifestantes actuaron por decisión propia y no por instrucción de Morena.
El legislador sostuvo que el movimiento se representa a sí mismo y rechazó que el partido haya alentado, organizado o incitado el bloqueo de la vialidad federal.
